Catorce acreedores y más de 200 millones en deudas: La situación de Hermanos Santana Cazorla SL

En el proceso concursal de la compañía Hermanos Santana Cazorla SL, que actualmente se encuentra en la fase de liquidación, hay catorce acreedores por involucrados. Este grupo abarca diversas entidades del sector público, instituciones financieras, empresas del ámbito turístico y de servicios, así como entidades de otros sectores y particulares. La deuda reconocida en este procedimiento asciende a más de 200 millones de euros, según información de fuentes relacionadas con el caso judicial. A esta cifra se le deben añadir al menos 80 millones correspondientes al concurso de Mar Abierto, la empresa que gestiona los hoteles del grupo Santana Cazorla en Taurito.

Como se informó anteriormente, el Juzgado de lo Mercantil número 1, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, decidió el 31 de mayo dar inicio a la fase de liquidación y proceder a la disolución de la sociedad, dado que no se presentó un convenio de acreedores en el tiempo estipulado. La lista de acreedores incluye a la empresa Isla Marina; el Fondo de Garantía Salarial Santiago Santana Cazorla (Fogasa); Banco Sabadell; la Mancomunidad Residencial Pino II; María de los Ángeles García; Asefa SA Seguros y Reaseguros; Caixabank; Residencias Canarias; Voyager UK; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; María del Carmen Goñi; Pablo Rafael Borras; la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Canarias.

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El juez Alberto López, siguiendo lo establecido por la normativa concursal, ha acordado suspender a Hermanos Santana Cazorla SL en el ejercicio de sus facultades de gestión y disposición sobre los activos y derechos que conforman su masa activa; disolver la empresa y cesar a sus administradores o liquidadores, quienes serán reemplazados por la administración concursal. También se decretó el vencimiento anticipado de quaisquer créditos concursales que estuvieran aplazados, así como la conversión en efectivo de aquellos que estén en forma de otras prestaciones. Además, se ordenó la publicación de la resolución judicial en el Registro Concursal Público y en el Tablón Edictal Judicial Único, así como la inscripción en el Registro Mercantil del inicio de la fase de liquidación. Todo este procedimiento puede estar sujeto a un posible recurso de reposición que podría presentar la empresa, aunque este no tendrá efectos suspensivos. También existe la posibilidad de interponer un recurso de apelación.